CEMENTERIOS NUCLEARES EN ESPAÑA
En España, todos los residuos radiactivos de media y baja actividad se almacenan en El Cabril, una antigua mina de uranio abandonada ubicada en plena sierra cordobesa de Albarrana, en el término municipal de Hornachuelos, propiedad de Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos). Los residuos se almacenan en superficie y no en profundos silos bajo tierra. En las centrales nucleares, en los hospitales, en las universidades y en los laboratorios (unas 600 instalaciones radiactivas en territorio español), generan alrededor de unos 3.000 bidones al año (más de 1.000 metros cúbicos) de material contaminado radiactivo, que son enviados a El Cabril. Una vez que los residuos radiactivos llegan a El Cabril, pasan por una sala de verificación para comprobar, entre otras cosas, si la radiactividad que contienen es la misma que dice el remitente. Posteriormente serán separados y clasificados de acuerdo a su nivel de radiación.
El gobierno central busca desesperadamente un lugar para almacenar más de 6.700 toneladas de uranio y plutonio que se acumulan en las ocho centrales nucleares que hay en España. Hasta el momento los residuos se guardan en las propias centrales (ya saturadas) o en Francia, donde los alquileres por el servicio son muy costosos.
El gobierno del socialista Rodríguez Zapatero quiere enviar todos los residuos a un mismo lugar para lo cual ha abierto una convocatoria nacional para albergar el ATC durante sesenta años.
Más de cien pueblos manifestaron su interés cuando escucharon la oferta: una inversión de más de US$900 millones y la creación de más de 300 empleos.
Con el paso de los días la mayoría de los pueblos han declinado la oferta por las protestas de sus ciudadanos y de las asociaciones ambientalistas y por considerarla "un regalo envenenado". De momento quedan tres candidatos que tienen crispadas a sus poblaciones y han enfrentado a los gobiernos locales con los autonómicos: Ascó, en Cataluña, y Yebra y Villar de Cañas en Castilla La Mancha. Este último, gobernando por un alcalde del opositor Partido Popular (PP), se acaba de sumar a la contienda desafiando así a la directiva nacional del partido. "Queremos que nuestro pueblo no muera", ha señalado el alcalde de la localidad, José María Sáiz, después de postular a su pueblo para el ATC. Mientras los pueblos ven el proyecto como una salvación ante la falta de alternativas económicas y las altas tasas de desempleo que les afectan, los gobiernos autonómicos ven al ATC como un vecino indeseable. "Yo no quiero el almacén nuclear en Ascó. No estoy en contra de la energía nuclear pero abogó porque el ATC se ubique en otra comunidad. Cataluña ya produce el 40% de la energía nuclear de toda España", señaló el presidente de la Generalitat catalana, el socialista Jesús Montilla. Su posición ha sido interpretada como una rebelión contra Zapatero. Para el Foro de la Industria Nuclear Española el ATC es necesario y "es la mejor solución para la gestión del combustible gastado en las centrales nucleares como ya se viene haciendo en instalaciones como Habog en Holanda. Reduce costes e impacto medioambiental global". "Además", subraya María Teresa Domínguez, presidenta del Foro: "Será un motor económico y de empleo para la zona que lo acoja". En 2008 el propio Organismo Internacional de la Energía Atómica recomendó a España que acelerara los esfuerzos por encontrar un lugar para almacenar los residuos nucleares.
El gobierno central busca desesperadamente un lugar para almacenar más de 6.700 toneladas de uranio y plutonio que se acumulan en las ocho centrales nucleares que hay en España. Hasta el momento los residuos se guardan en las propias centrales (ya saturadas) o en Francia, donde los alquileres por el servicio son muy costosos.
El gobierno del socialista Rodríguez Zapatero quiere enviar todos los residuos a un mismo lugar para lo cual ha abierto una convocatoria nacional para albergar el ATC durante sesenta años.
Más de cien pueblos manifestaron su interés cuando escucharon la oferta: una inversión de más de US$900 millones y la creación de más de 300 empleos.
Con el paso de los días la mayoría de los pueblos han declinado la oferta por las protestas de sus ciudadanos y de las asociaciones ambientalistas y por considerarla "un regalo envenenado". De momento quedan tres candidatos que tienen crispadas a sus poblaciones y han enfrentado a los gobiernos locales con los autonómicos: Ascó, en Cataluña, y Yebra y Villar de Cañas en Castilla La Mancha. Este último, gobernando por un alcalde del opositor Partido Popular (PP), se acaba de sumar a la contienda desafiando así a la directiva nacional del partido. "Queremos que nuestro pueblo no muera", ha señalado el alcalde de la localidad, José María Sáiz, después de postular a su pueblo para el ATC. Mientras los pueblos ven el proyecto como una salvación ante la falta de alternativas económicas y las altas tasas de desempleo que les afectan, los gobiernos autonómicos ven al ATC como un vecino indeseable. "Yo no quiero el almacén nuclear en Ascó. No estoy en contra de la energía nuclear pero abogó porque el ATC se ubique en otra comunidad. Cataluña ya produce el 40% de la energía nuclear de toda España", señaló el presidente de la Generalitat catalana, el socialista Jesús Montilla. Su posición ha sido interpretada como una rebelión contra Zapatero. Para el Foro de la Industria Nuclear Española el ATC es necesario y "es la mejor solución para la gestión del combustible gastado en las centrales nucleares como ya se viene haciendo en instalaciones como Habog en Holanda. Reduce costes e impacto medioambiental global". "Además", subraya María Teresa Domínguez, presidenta del Foro: "Será un motor económico y de empleo para la zona que lo acoja". En 2008 el propio Organismo Internacional de la Energía Atómica recomendó a España que acelerara los esfuerzos por encontrar un lugar para almacenar los residuos nucleares.
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